Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

Desde el 25 de mayo de 2018 es de aplicación obligatoria el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) que sustituirá a la actual normativa vigente. En caso de incumplimiento, las sanciones de la Agencia de Protección de Datos pueden llegar a ser cuantiosas. De hecho, el incumplimiento de esta norma podría llegar a suponer 20 millones de euros o el 4% de la facturación de la empresa a nivel global.

El RGPD cambia radicalmente la forma actual de regular la protección de datos, obligando a empresas, organismos, instituciones y administraciones a cambios y esfuerzos significativos de carácter organizativo, técnico, económico y humano al imponer nuevas obligaciones y requerimientos.

Destacar en este nuevo reglamento, la figura fundamental del Delegado de Protección de Datos (DPO), con el que, a partir de la entrada en vigor del Reglamento, deberán contar un gran número de empresas y organizaciones.

 

 

Se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública

El 12 de enero de 2018, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública.

Este Real Decreto tiene como objetivo garantizar la coordinación de la Administración General del Estado, sus órganos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social.

  • Esta Comisión, en la que estarán representados cada uno de los departamentos ministeriales, estará adscrita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
  • La finalidad es conseguir que la contratación pública ecológica sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.

La finalidad de esta decisión del Gobierno es conseguir que la contratación pública ecológica (CPE) sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles, para lo que se requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, ya que las responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos.

 

La protección del medio ambiente en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

El pasado 9 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

Entra en vigor a los 4 meses de su publicación, esto es, el 10 de marzo de 2018, aunque, aunque algunos preceptos que ya han entrado en vigor tras su publicación.

Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-precio.

Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Al respecto, el artículo 145 establece que las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

Esta nueva Ley, siguiendo las pretensiones establecidas por la Unión Europea, aboga por la transparencia, la mejora de la calidad-precio, así como por la reducción de trámites administrativos. En este nuevo escenario jurídico, la norma apuesta por favorecer que la contratación sea una herramienta que permita la implementación de políticas en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, y de defensa de la competencia.